Como venimos denunciando, antes, durante y después de la Mesa de Diálogo de Sipopo de 2014 y desde el comienzo del actual proceso de elecciones presidenciales del 24 del presente mes de abril, el gobierno de Guinea Ecuatorial está muy lejos de hacer realidad el lema del partido que lo sustenta, de hacer el bien y evitar el mal. Su acción cotidiana es muy contraria al referido lema, porque no se puede hacer el bien y evitar el mal con la violación permanente de la ley, primando el interés particular en detrimento del bien de todos lo guineanos.
El PDGE se ha propuesto ganar las próximas elecciones presidenciales, cueste lo que le cueste y para lo que está dispuesto a recurrir a decisiones absurdas y vergonzosas como la que ha protagonizado su Junta Electoral este pasado fin de semana, en clara demostración de que estamos en una dictadura donde no cuenta la ley.
La ley electoral reguladora de las elecciones presidenciales, promulgada como consecuencia de los llamados acuerdos de Sipopo, en su artículo 54.1.c, contempla la posibilidad de presentación de candidaturas independientes, pero exige al mismo tiempo que dichas candidaturas tengan el apoyo de, al menos 300 personas mayores de edad en cada Distrito administrativo del del ámbito nacional.Teniendo en cuenta que en nuestro país existen 18 Distritos administrativos, significa que cada candidatura independiente debe contar con el apoyo de 5.400 personas mayores de 18 años, mediante firmas autentificadas.
Es simplemente una aberración pensar que candidaturas que se habían presentado sobre la base del apoyo de 300 personas, hayan podido recorrer todo el territorio nacional para conseguir en 72 horas las 5.100 firmas que le faltaba a cada una de ellas para completar el número exigido por la ley. Es más, es todavía más inverosímil que dichas candidaturas hayan conseguido un apoyo de 300 individuos en Mongomo, un total de 900 personas, cuando partidos legalizados como CPDS, PCSD y UCD no han podido asignar una sola persona en la Junta Electoral Distrital de Mongomo, por estar vetada la actividad de otros partidos diferentes del PDGE en dicho distrito. Es más, la famosa Comisión Jurídica de la Junta Electoral Nacional ha pasado olímpicamente por alto que, dos de los candidatos admitidos no reúnen la condición contemplada en el artículo 10.c de la invocada ley reguladora de elecciones presidenciales, en relación al arraigo de cinco años ininterrumpidos en el país, que originó la desestimación de la candidatura presentada por el partido CI.
Todo este comportamiento sin escrúpulos del PDGE, tiene una sola razón de ser. Y es que ante la amenaza de abandonar el proceso electoral por parte de las otras candidaturas admitidas, optaron saltar toda norma jurídica para garantizar que el PDGE tuviera a alguien que le acompañara a culminar el asalto ilegal al poder que programa para el día 24 de abril.
Banana state
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